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Mal llamada de reactivación

El presidente vetó parcialmente la ley mal llamada de reactivación, insistiendo en aspectos del proyecto inicial que fueran modificados por la Asamblea. El más importante: reintroducción de la billetera electrónica, medio de pago utilizando el celular, y eliminando el dinero electrónico, en que insistió la Asamblea, que abría las puertas para que el Gobierno a través del Banco Central pueda introducir una moneda paralela, como recomendó el griego Varoufakis, traído por el presidente saliente Rafael Correa para que asesorara al presidente entrante y su ministro de Finanzas designado.

El veto parcial no acogió ninguna de las observaciones del sector productivo. Se supone que el objetivo de la ley es reactivar vía inversión privada, porque con la baja del precio del petróleo el Estado no tiene dinero para invertir. La ley no cumplirá con su objetivo manifiesto.

El énfasis de la ley es estimular a la microempresa, porque crea más mano de obra. Esto es positivo pero insuficiente. Como este estímulo viene acompañado por un cierre de la economía, mediante alza de aranceles, mayores sanciones a los importadores y aplicación de una tasa sobre las importaciones, se desprende que se busca que la producción de microempresas sustituya importaciones. Lo harían gracias a que la ausencia o encarecimiento de las importaciones les permitiría vender a un precio más alto de lo que tiene hoy el producto importado. Tratándose de productos de consumo, significa un encarecimiento de la vida.

La ley eleva el impuesto a la renta a las empresas medianas y grandes y les quita beneficios de reinversión. Exime parcialmente a los exportadores de estos castigos, pero condiciona esa ventaja, siendo el antecedente que el Gobierno incumplió con la entrega de los fondos del drawback (devolución de impuestos) y abono tributario a los exportadores porque estos no lograron sortear la maraña de obstáculos para recibirlos. El ofrecimiento de beneficios no surte el efecto buscado si el supuesto beneficiario duda de su cumplimiento.

Tanto en lo de beneficios por exportar como en las nuevas atribuciones del SRI y la Senae, aumenta la discrecionalidad de la administración pública, cuando las autoridades habrían admitido que había que simplificar la tramitología. La ley no trae simplificación, sino al contrario, crea nuevos trámites.

La ley busca un enfrentamiento innecesario con Washington. Soberanía no quiere decir tomar medidas que puedan resultar contraproducentes. La creación del monopolio de la Superintendencia de Bancos sobre la información crediticia conlleva el fin de los burós privados de crédito, de los que sobrevive uno, empresa estadounidense. La Oficina del Representante de Comercio Exterior de los EE.UU. (USTR) escribió al ministro Campana recordándole que el Ecuador es signatario del acuerdo sobre comercio de servicios, en el marco de la OMC, que estipula el tratamiento nacional a burós de crédito extranjeros. Quizá para remarcar que somos soberanos, se hizo caso omiso de ese señalamiento. Washington también podría, soberanamente, no incluirnos entre los países beneficiarios de las preferencias unilaterales SGP, que están en proceso de renovación, decisión que compete, precisamente, al USTR.

Habrá continuidad con la política macroeconómica de Correa. Seguiremos dependiendo del crédito externo masivo para mantener la economía a flote. (O)

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