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Los exportadores urgen por un cambio en la política comercial

Tras la votación en el Congreso de Estados Unidos, la aprobación del SGP logró pasar su primer eslabón y todo apunta a que Ecuador podrá a fines de marzo volver a beneficiarse del libre arancel para exportar sus productos. Un mes que, para los exportadores, debe significar el punto de arranque para empezar a corregir la política comercial del país (hoy observada por organismos internacionales como la CAN) y con ello allanar el camino hacia la firma de un acuerdo de mayor alcance.

Con 400 votos a favor y 2 en contra, el beneficio se extendió por tres años más para 122 países (incluyendo a Ecuador), pero ese es un tiempo que no sosiega a los empresarios. Saben que esta ayuda es endeble y que Estados Unidos en cualquier momento podría suspenderla. Entre el contenido de esta normativa, explica Daniel Legarda, presidente de la Federación de Exportadores (Fedexpor), está el propósito de EE. UU. de reforzar su control anual para verificar si los países son merecedores o no de este beneficio. Se hace especial énfasis al respeto en temas de propiedad intelectual, pero también son objeto de análisis las barreras que cada nación impone al comercio.

“Eso nos debe obligar a revisar con mayor determinación las barreras al comercio que tiene Ecuador y que ya han sido observadas por el mismo EE. UU., la Unión Europea, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y varios socios. Hablamos de la tasa aduanera, de la denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión”, señaló.

El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, fue uno de los primeros en anunciar la aprobación y en decir que el país está en buena dirección para alcanzar su crecimiento. No obstante, los empresarios y expertos en comercio exterior creen que la extensión del SGP es solo un paso importante. Hablan de la necesidad de acelerar el proceso de reactivación del Consejo de Comercio e Inversiones para impulsar desde ese escenario un acuerdo comercial con EE. UU.

Con un convenio bilateral y de largo alcance, 400 productos ya no dependerían del SGP, además de que el país lograría cubrir la canasta de ciertos productos que quedaron desprotegidos luego de que en el año 2013 el Gobierno anterior decidió sacar al país del programa Atpdea (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas).

Francisco Ballén, exviceministro de Comercio Exterior y asesor externo de Corpei, indica que en ese listado están ítems como el atún en conserva (en lata y pouch), que hoy deben pagar un arancel por su ingreso. “Ha habido ofrecimientos del Ministerio de Comercio Exterior por incluir este tipo de productos (al sistema de preferencias), pero todavía no hay constancia de un resultado positivo”, manifestó.

En ese mismo listado también están productos como las rosas, que tras la eliminación del Atpdea empezaron a pagar un arancel del 6,8 %, una situación que para empresas como Pambaflor se traduce en una merma de $ 350.000 en su facturación anual. Bernardo Espinosa, gerente general de esta exportadora que tiene como único socio a Estados Unidos, menciona que la situación ha dejado de ser sostenible. Asumir el pago de estos aranceles, para no perder mercado en Norteamérica, no solo que ha dejado sin recursos y liquidez a la empresa, sino que desde el 2016 la ha obligado a sacar a 80 personas de su plantilla de trabajadores.

La ayuda del Gobierno no llega

Tras la eliminación del Atpdea, el Gobierno activó mecanismos para compensar al sector exportador. Sin embargo, estos dejaron de funcionar desde el 2015. Todavía el Gobierno debe $ 20 millones por concepto de Certificados de Abono Tributario y $ 100 millones por Drawback, pero el sector espera una ratificación del Ministerio de Finanzas para este pago. No obstante, los exportadores aseguran que no se puede seguir esperanzado de estas compensaciones, la verdadera ayuda sería un acuerdo como el que tienen Perú y Colombia, que hoy ven crecer sus ventas a ese mercado.

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