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MAG y sector bananero definen acuerdos

La primera Mesa Técnica de Banano liderada por el ministro de Agricultura y Ganadería, Rubén Flores, estableció una hoja de ruta de doce puntos en beneficio del sector.

La reunión con representantes de los productores y exportadores de la fruta se realizó en el despacho Ministerial de Guayaquil.

Durante el diálogo se acordó trabajar en los siguientes puntos: tarifas portuarias en Puerto Bolívar; reformas a la Ley de Banano e Instructivo del Acuerdo Ministerial 316; tratamiento al tema laboral sobre Contrato Agrícola de Cuadrillas; un mecanismo para regularizar la situación de los productores en el IESS y otras entidades públicas; normativa ambiental; campaña de promoción internacional de una marca país; cambio de matriz energética para riego y drenaje.

También se acordó el fortalecimiento de las asociaciones bananeras; controles en las exportaciones de banano orgánico; institutos técnicos para la formación los trabajadores del sector; pagos e impuestos que recauda el Servicio de Rentas Internas; y una campaña internacional en defensa del producto ecuatoriano.



El 95% de la carga que se maneja en la terminal portuaria de Puerto Bolívar corresponde a banano.



En esta primera Mesa Técnica se establecieron los acuerdos para el tratamiento del tema de las tarifas portuarias.

El ministro Flores indicó que de manera articulada con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el Ministerio de Comercio Exterior, se analiza el impacto del tema en el sector bananero.

En conjunto con los representantes de productores y exportadores se llegó a los siguientes acuerdos:

1. Se realizará un análisis integral del contrato de concesión con la empresa Yilport, para evaluar y proponer los cambios que correspondan.

2. Buscar un mecanismo para que, mientras se realiza este análisis, se mantenga fija la tarifa portuaria que se estableció en febrero de 2017.

3. En el marco de los tiempos establecidos para esta hoja de ruta, se mantendrá un permanente diálogo con el sector para conocer los avances de las propuestas planteadas, evitando medidas de presión.

El análisis del contrato permitirá tener una línea base para lograr un acuerdo que garantice seguridad jurídica a las partes, así como ingresos justos y el éxito de las inversiones. Para lograrlo, el Gobierno Nacional mantendrá total apertura al diálogo.

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